Opinión

Hora importante para la libertad de expresión

José Buendía Hegewisch
Analista | Lunes 19 Junio 2017 | 00:00:00 hrs

Ciudad de México— El persistente reclamo de justicia para el periodista Javier Valdez, ejecutado hace un mes en Sinaloa, revela la situación crítica de las limitaciones a la libertad de expresión, principalmente en los estados. Su caso, la gota que derramó el vaso por la zaga de asesinatos y la incapacidad del Estado para garantizar seguridad a la prensa. La protesta rezuma la debilidad de las instituciones, a pesar de reformas y mecanismos destinados a cuidar ese derecho. Tanto, como el hartazgo que sale al exterior de un gremio que conoce de cerca los males que lo amenazan: corrupción, violencia y autocensura.

Entre  2000 y 2017 suman más de un centenar de asesinatos de periodistas en México, pero este año el estado de indefensión se volvió inocultable como cuando el agua rezuma por la cañería. La gravedad del momento se expresa en la movilización bajo la consigna “Basta ya” tras el asesinato del fundador de Riodoce, que desde hace años se dedicaba a explicar la forma de operar de los cárteles. El límite, la impunidad que tienen 97% de casos sin castigo, a pesar de una fiscalía especial de la PGR y de una ley que desde 2012 les ofrece amparo.

La promoción de la libertad de expresión es otra promesa de la democratización que se quedó corta. Fue bandera para la llegada de la oposición a la Presidencia en el 2000, pero desde entonces la opinión sobre su cumplimiento no ha hecho sino descender, junto con la posición del país en los índices de protección a la prensa. La aprobación de reformas y leyes para ampliar ese derecho —leyes de transparencia y acceso a la información, despenalización de delitos contra la prensa o ley de telecomunicaciones— han caminado en dirección contraria a la percepción de los periodistas sobre las garantías para laborar.

Como apunta una primera encuesta nacional sobre percepción de los periodistas de la libertad de expresión, que presentarán Parametria, Freedom House, TM y la UIA, detrás de esa contradicción están las formas que estructuran la relación de los periodistas con el poder y la profunda desconfianza que tienen hacia las instituciones. La mayoría no cree que las leyes de acceso a la información mejoren la apertura de archivos oficiales, ni se acercan al mecanismo de protección porque creen que es ponerse a merced de la amenaza, tampoco perciben beneficios de la Reforma de Telecomunicaciones contra la concentración de medios para mayor libertad de expresión.

Ello no significa que crean que la situación sea similar a la época de la “prensa oficialista” del siglo XX, pero sí que la democracia no ha impedido la reproducción de viejas prácticas como la injerencia comercial y la penetración de intereses de grupos de políticos incrustados en las instituciones o de poderes “informales” como el crimen organizado. Como en otros ámbitos, las limitaciones a los derechos provienen de la forma de ejercer el poder y, por tanto, el sistema político está obligado a dar una respuesta. En éste, como sucede con otros derechos, la corrupción es causa de los mayores retrocesos en el ejercicio de la libertad de expresión, junto con el recrudecimiento de nuevos frentes como la violencia.

No obstante, la movilización de un gremio desacostumbrado a la protesta representa hoy tendencias de cambio. Entre otras razones, por las nuevas plataformas digitales y portales informativos que quitan el monopolio de la información a los medios tradicionales. Son horas importantes ante los peligros de retrocesos. Hay esfuerzos de periodistas de los estados y de la CDMX por construir una agenda de futuro para la libertad de prensa, con la cual fortalecería la institucionalidad y la democracia, es poco más que un buen propósito o retórica. La ejecución de Valdez podría ser un hito en el cambio de actitud de los periodistas hacia las instituciones y en asumir la responsabilidad de su papel en la defensa de la libertad de expresión. ¡Ojalá!


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