Demanda Texas a farmacéutica

The Texas Tribune
2018-05-15

Austin— El fiscal general Ken Paxton está llevando a Texas a una demanda contra Purdue Pharma por exacerbar la crisis de opioides entre los texanos.
En un anuncio el martes por la tarde, Paxton, un republicano, flanqueado por varios fiscales auxiliares generales, dijo que el Estado lleva al fabricante de drogas a los tribunales por tergiversar los riesgos de la adicción a los opiáceos.
“Debemos hacer que aquellos que han causado la crisis de los opioides sientan el dolor que han infligido a nuestra comunidad”, dijo Paxton.
Otros estados, incluidos Tennessee, Florida, Carolina del Norte, Dakota del Norte y Nevada, también están llevando a juicio a Purdue.
Mientras el Estado planea demandar, Paxton dijo que el problema principal ahora es obtener una medida cautelar de los tribunales para que Purdue tenga que dejar de tergiversar la información de sus drogas.
La demanda se produce debido a que más estados, ciudades y condados de todo Estados Unidos recurren a los tribunales para lidiar con la responsabilidad de fabricantes y distribuidores de medicamentos en medio de una epidemia desgarradora y creciente que provocó más de 42 mil sobredosis de opiáceos en 2016. Los principales culpables de la crisis de salud pública incluyen analgésicos recetados, como Hydrocodona, OxyContin y la droga sintética fentanyl y la heroína.
Texas no ha estado en el punto de mira nacional por la crisis de opiáceos como Kentucky, Maine, Ohio y Virginia Occidental, pero mil 375 texanos murieron por opiáceos en 2016. Además, los defensores de la salud pública han expresado temor de que las cosas empeoren en Texas debido a la falta de acceso al tratamiento de abuso de sustancias, particularmente en los condados rurales. Cuatro de las principales ciudades donde predomina el abuso de opiáceos se encuentran en Texas: Texarkana, Odessa, Longview y Amarillo.
La oficina de Paxton escribió en una carta al Tribunal Supremo de Texas el 10 de mayo que planeaba presentar una demanda bajo la Ley de prácticas comerciales engañosas del Estado. El estatuto de protección al consumidor prohíbe a las compañías mentir a los texanos sobre ellos mismos o sus productos. Los ejemplos de tergiversación incluyen publicidad falsa o engañosa, exagerar o tergiversar los beneficios o respaldos de un producto o servicio, hacer afirmaciones falsas sobre la fabricación o el origen de un producto, pasar los productos usados como productos nuevos y la manipulación de precios.
Paxton dijo que está llevando a Texas a demandar a Purdue por varios motivos, incluso por mentir a doctores y pacientes sobre la posibilidad de aumentar las dosis de opioides sin riesgo, representando falsamente los signos comunes de adicción son signos de que el paciente necesita dosis más altas de opiáceos y tergiversa el riesgo de convertirse en adicto a la formulación disuasoria de abuso de la compañía OxyContin.
Más allá de responsabilizar a la compañía, Paxton se hizo personal durante la conferencia de prensa cuando habló de escuchar historias de familias que “perdieron hijos e hijas” por la adicción.
“No hay nada como hablar con una madre que perdió a su hijo por una sobredosis”, dijo Paxton.
Dijo que el Estado todavía está investigando otras compañías farmacéuticas y distribuidores. Al preguntársele si había otras compañías que el Estado planea llevar al tribunal, Paxton dijo que “no estaría sorprendido”, pero “no diría sí o no porque no sabemos quién sería”.
En septiembre, Paxton anunció que se uniría a una investigación de 41 estados de compañías que fabrican o venden opioides. Los estados entregaron órdenes de investigación u otras solicitudes judiciales a ocho fabricantes y distribuidores de medicamentos, incluidos Endo Pharmaceuticals, Janssen Pharmaceuticals, Teva Pharmaceuticals, Purdue Pharma, Allergan y sus entidades relacionadas, AmerisourceBergen, Cardinal Health y McKesson.
Docenas de gobiernos de condados y ciudades en todo Texas también han litigado y presentado demandas contra compañías farmacéuticas. Las firmas de abogados que compiten para representar a los gobiernos más pequeños dicen que las compañías sobrevaloraron los beneficios de las drogas para tratar el dolor crónico y minimizaron el riesgo de adicción. Esas demandas también compiten por que las compañías farmacéuticas y los distribuidores reembolsen a los condados y las ciudades el costo de los problemas con los opiáceos, incluido el tratamiento, la pérdida de productividad, los costos de las salas de emergencia y más.
La demanda provocó el aplauso de personas que instaban al Estado a tomar medidas sobre la crisis de opiáceos. Pero también provocó quejas de algunos críticos de Paxton de que el Estado no ha hecho más.
Justin Nelson, un demócrata que está desafiando la reelección de Paxton en noviembre, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que el anuncio “es demasiado tarde para muchas familias de Texas que sufren la crisis de opiáceos” y que “Paxton se ha sentado sin hacer nada mientras las compañías farmacéuticas han subido los precios sin consecuencias”.
“Es un disfraz para cubrir el fracaso de Ken Paxton de tomar medidas enérgicas contra las fábricas de pastillas en los últimos tres años y medio y para distraer la propia acusación criminal de Paxton por fraude”, dijo Nelson. “Las demandas en otras jurisdicciones han sido mucho más fuertes que esta”, agregó.
Mónica Villarreal, becaria de política de salud mental del izquierdista Centro de Prioridades de Políticas Públicas, dijo en un correo electrónico que la demanda podría abordar cuestiones importantes relacionadas con el suministro de opiáceos disponible en Texas. Pero se debería hacer más, dijo.
“Para abordar de manera más integral la epidemia de opiáceos en Texas, los líderes estatales también deben tomar medidas concretas para mejorar el acceso al tratamiento”, dijo Villarreal. “Todos los texanos que viven con trastornos por consumo de sustancias deberían poder acceder a los servicios de tratamiento y recuperación a largo plazo y a los apoyos que necesitan, independientemente de sus ingresos”.
La posible recompensa de estos pleitos es inmensa para estados, condados y ciudades. Los expertos legales han dicho que la ola de demandas relacionadas con los opiáceos está a la par con los acuerdos de las compañías tabacaleras que los estados recibieron en la década de 1990, cuando Texas logró un acuerdo de $15 mil millones.
Paxton no dijo cuánto dinero estaba buscando el Estado, pero según un comunicado de prensa, su oficina “busca penas significativas” contra Purdue.
A nivel nacional, casos individuales en todo el país han sido absorbidos en un caso multidistrito bajo un juez federal en Ohio.
El primer juicio que consolida tres casos en Ohio está programado para comenzar en marzo de 2019 y se considera una prueba de cómo otras demandas pueden sacudirse.

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