El Paso

Denuncian vecinos racismo por desechos tóxicos

Jaime Torres Valadez/El Diario de El Paso | Miércoles 10 Octubre 2018 | 00:00:00 hrs

Jaime Torres Valadez/El Diario de El Paso | Los inconformes consideran el proyecto como un acto de discriminación

Coraje e indignación fueron los sentimientos que prevalecieron entre los más de 250 vecinos que acudieron a una junta pública convocada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ) para protestar por la instalación de una fábrica que procesará desechos médicos en su vecindario.

La pretensión del empresario Nord Sorensen, originario de Amarillo, Nuevo México, fue considerada por los residentes como un acto de discriminación al seleccionar un área hispana, mexicana y pobre para instalar su negocio, coincidieron los manifestantes.

“Estoy pensando que es algo como discriminatorio para los hispanos, porque son familias trabajadoras los que han hecho sus casas aquí, para que venga este señor y no tome en cuenta sus comentarios. Es algo discriminatorio contra la comunidad hispana”, afirmó Dora Oaxaca, activista del Valle Bajo.

Ella, al igual que el resto de los manifestantes, consideró que la actitud del empresario es un capricho, debido a que aún cuando escuchó el sentir y temor de las familias, le hayan ofrecido dinero y terreno en un área industrial para que cambie su negocio, se opone.

“Sí se me hace sospechoso. ¿Por qué escogen esta comunidad? ¿Por qué lo hacen aquí? Porque es comunidad pobre, es comunidad de bajos recursos. Se entiende como si fuera una exportación a la comunidad pobre, hispana y esa pregunta se tiene que hacer. Es legítima y se debe contestar”, expuso Enrique Moreno, abogado y residente del lugar.

Inconformidad

Durante mas de tres horas, los representantes de TCEQ escucharon a los inconformes, al igual que las respuestas emitidas por el propietario de la empresa Medcare Enviornmental Solutions Inc.

“Estamos aquí para escuchar las opiniones de la comunidad, y una vez que revisemos los comentarios de ambas partes, emitiremos una resolución”, dijo Chance Goodin, gerente municipal de la Oficina de Desechos Sólidos de TCEQ.

El funcionario manifestó que estiman dar una resolución al caso en un lapso de 30 a 90 días después de esta audiencia. “La voz de los ciudadanos es importante y contará mucho en el resultado”.

Ante un auditorio abarrotado en las instalaciones de la preparatoria Del Valle, padres y madres de familia externaron su preocupación por la contaminación que traería al agua y medio ambiente. “Imagínense el derramamiento de esos residuos a los mantos acuíferos. Contaminarían el agua que bebemos”, dijo una mujer que impotente trataba de causar un impacto en el hombre de negocios.

Sin embargo, Sorensen, tranquilo pero con su rostro enrojecido, explicaba que su fabrica trabaja con tecnología especializada en el manejo de residuos, y argumentó que todo el proceso cumple con los requerimientos de seguridad que fija el estado.

Respuesta

“No emitimos gases contaminantes al medio ambiente. Todo se esteriliza y se maneja con una limpieza total”, explicó el negociante al auditorio que lo colmó de inquietudes y comentarios.

En algunos momentos la junta se tornó álgida ante las respuestas dadas por Sorensen, que no convencieron al público.

“Nos invitaron de última hora y ahora no quieren que hablemos mucho, entonces para qué nos invitaron” refutó Luis Peña, consejero mental retirado, quien molesto cuestionó a las autoridades al no llamar primero a consulta a los ciudadanos.

Otro problema

Otra de las preocupaciones es que de aprobarse, le den entrada a este tipo de compañías en los límites de la frontera y en el corto tiempo abran los servicio a centros hospitalarios de Ciudad Juárez.

“Ya imagino el tráfico de camiones llenos de partes humanas y equipo médico contaminado por las calles de nuestros vecindarios. Sería desastroso para nuestra salud”, dijo uno de los vecinos visiblemente asustado.

“Este no es un proceso honesto porque se dejó de lado a la comunidad al no darle su lugar y oportunidad de opinar al principio” apuntó Enrique Moreno.

Claudia Ordaz, representante del Distrito 6, tras cuestionar el desarrollo del caso, ofreció al empresario la cantidad de 40 mil dólares y un terreno para la reubicación de la planta a una zona industrial sin éxito.

“Hay mucha gente que se opone, muchas firmas levantadas en contra de su instalación, por eso decidimos darles una respuesta a sus reclamos”, manifestó César Blanco, representante estatal del Distrito 76 y promotor de la audiencia pública.

Y es que de acuerdo a los servidores públicos Claudia Ordaz, Vince Pérez y César Blanco, el caso de apertura de la planta, autorizado por la ciudad de El Paso y que se encuentra en la instancia estatal, no les fue notificado pese a que este tipo de permisos tiene un grado de ‘sensibilidad social’.

“No sabemos si va a ver un accidente, cómo puede afectar a nuestra salud y los efectos que pudiera traer en un futuro”, señaló Marcia Gapstelum, quien pidió que lo muevan a un lugar donde no haya riesgo para las familias.

De acuerdo a la representante Ordaz Pérez, las instalaciones se ubican dentro de un radio habitacional donde en un kilómetro y medio se ubican siete escuelas, tres iglesias, dos parques y la Misión Ysleta, así como varios vecindarios y comercios.



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