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Por pifias ministeriales, libran 4 abogados juicio por fraude

Blanca Carmona/
El Diario de Juárez | Lunes 12 Marzo 2018 | 00:00:00 hrs

El Diario de Juárez / La audiencia celebrada el pasado domingo

Un Tribunal de Control dictó ayer auto de no vinculación a proceso a favor de cuatro abogados acusados de haber cometido el delito de fraude procesal, al considerar que el Ministerio Público (MP) no acreditó que los profesionistas hubieran simulado un acto jurídico y debido a que al trabajador del que se dijo se utilizó su nombre para una demanda laboral lo declaró en calidad de testigo y no como imputado, por lo que se vulneró el debido proceso.


Además de dictar el auto de no sujeción a proceso penal, el juez de Control Apolinar Juárez Castro levantó las medidas cautelares impuestas a Natalia Castañeda Rosell, Jaime Arturo Hinojos Rubio, Anna Karen Hinojos Rubio y Nora Coronado López. Los dos primeros estaban internados en el Cereso 3 de Ciudad Juárez porque tienen otro proceso penal por el mismo ilícito.

En la acusación formulada por el MP se señaló que el día 2 de junio de 2009 los hermanos Hinojos Rubio así como Castañeda Rosell presentaron una demanda laboral, que recayó en el número 1/09/2296, a nombre de Juan Carlos Serrato Serrato, aunque presuntamente él no solicitó que lo representaran y nunca laboró para la empresa demandada Mueblerías Salais.

El 4 de agosto de 2014, los abogados laboralistas obtuvieron un laudo a favor de Juan Carlos Serrato por parte de la Junta Local número 1, en que se condenó a los dueños de la mueblería a pagar 305 mil 831 pesos. La empresa fue notificada sobre esa resolución administrativa el 27 de mayo del 2015.

Posteriormente, el 16 de noviembre del 2016, se firmó un convenio en el que se acordó el pago de 250 mil pesos y Jaime Arturo Hinojos le dio personalidad jurídica a Nora Coronado López para el cobro del dinero el 11 de junio 2015. El dinero terminó de pagarse el 15 de septiembre del 2017.

El MP estableció que la simulación de actos jurídicos o el delito de fraude procesal por parte de los litigantes ocurrió desde el momento en que Juan Carlos Serrato Serrato no laboró para la mueblería, no les pidió que los abogados lo representaran en una demanda laboral y tampoco compareció el juicio laboral.

Sin embargo, ayer el juez Juárez Castro concluyó que el MP no acreditó la simulación porque la declaración de Juan Carlos Serrato la recibió como si él fuera un testigo principal y debería haberle dado la calidad de imputado y bajo esta figura asignarle un abogado defensor, darle a conocer por qué lo estaban investigando, que tenía derecho a guardar silencio o hablar y a conocer el expediente.

El resolutor determinó no darle valor al dicho de Juan Carlos Serrato, lo consideró como una prueba ilícita obtenida con vulneración a derechos.

El juez también dijo que no era suficiente un informe emitido por el IMSS en el que se estableció que Serrato no estaba registrado como trabajador pues, afirmó, es sabido que no todos los empleados son dados de alta ante esa institución.

Juárez Castro señaló que contra la acusación del MP –de que se simularon actos jurídicos- prevalece el laudo condenatorio emitido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en la que se dio por cierto que entre Serrato y los dueños de la mueblería existía una relación laboral.

Bajo ese escenario, el MP se quedó sólo con la declaración de dos empleados de la mueblería que dijeron tener años laborando para esa empresa y no conocer a Juan Carlos Serrato. Pero su dicho quedó desvirtuado frente al laudo o la resolución administrativa de la Junta, indicó el juzgador.

Después de ese análisis, Apolinar Juárez señaló que sería ocioso entrar al estudio del resto de los datos de prueba y a las 16:29 horas de ayer dictó auto de no vinculación a proceso y ordenó levantar las medidas cautelares que él impuso en la primera diligencia.

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