Fallos de Ayotzinapa

Sergio Sarmiento
Periodista
2018-06-12

Ciudad de México.- En el afán de demostrar que fue el Estado, los líderes de Ayotzinapa están dispuestos a promover la liberación de los asesinos de los normalistas. Por ingenuidad o perversión política, muchas buenas conciencias están ayudando.
Un juez federal de Matamoros, Tamaulipas, ha ordenado la liberación de cuatro implicados en el caso Iguala. Entre ellos se encuentran Honorio Antúnez Osorio, un expolicía municipal de Iguala que declaró que un grupo de policías de Cocula se llevó a los normalistas, y tres integrantes de Guerreros Unidos. A los cuatro se les declaró libertad por delincuencia organizada y a dos de la banda se les liberó por el secuestro de los normalistas. El juez primero de distrito de Matamoros desechó las confesiones por suponer que fueron hechas bajo tortura.
No es el primer caso. Un tribunal colegiado de Reynosa (¿por qué todos los casos de Iguala los están decidiendo jueces de Tamaulipas?) ordenó la reposición del procedimiento de otros cuatro miembros de Guerreros Unidos. El tribunal hizo juicios de valor que no están amparados en el expediente, como el de que "lamentablemente no contamos con una fiscalía independiente", y ordenó la creación de una comisión de la verdad con representantes de las víctimas y la CNDH que, en violación al artículo 21 de la Constitución, dará instrucciones al ministerio público.
¿Quiénes serán los representantes de las víctimas? Supongo que el mismo grupo de activistas y abogados que han hecho todo lo posible por desacreditar la investigación de la PGR y liberar a los presuntos asesinos. Organismos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aplauden la decisión. Los políticamente correctos piensan que la mejor forma de hacer justicia a los normalistas es liberar a sus victimarios. 
María de los Ángeles Pineda, la esposa de José Luis Abarca, el expresidente municipal de Iguala, no ha sido liberada, todavía. Su amparo ha sido remitido a la Suprema Corte.
Hay más de 120 detenidos por el caso de Iguala. Las confesiones han sido importantes en el proceso. Casi todas coinciden y presentan un panorama homogéneo de lo ocurrido, desde la llegada de los normalistas en autobuses robados, el robo de otros autobuses, la agresión por parte de policías de Iguala, su entrega a policías de Cocula y a miembros de Guerreros Unidos, el traslado en camiones de redilas al basurero de Cocula, el asesinato y la quema de cuando menos algunos cuerpos en ese lugar.
¿Fueron torturados quienes confesaron participar en esta infernal historia? Los agentes del MP a cargo de la investigación lo niegan, pero los implicados saben ya que la forma más fácil de ser liberados es denunciar tortura. A nadie le importa que haya un sinnúmero de otras pruebas que fortalecen la hipótesis, desde testimonios de testigos independientes hasta registros telefónicos. ¿Recuerda usted que el padre Alejandro Solalinde fue el primero en reportar el homicidio y quema de los cuerpos? Hoy tenemos también una serie de mensajes de Blackberry ventilados en un juicio en Chicago a miembros de Guerreros Unidos que confirman que los estudiantes fueron confundidos con integrantes de un grupo rival llamado Los Rojos.
Pero poco importa lo que realmente haya ocurrido. Lo que el movimiento de Ayotzinapa necesita es culpar al Estado mexicano. El fin político justifica los medios. Poco importa que los asesinos queden libres.

¿Las víctimas?
¿Dejar que las víctimas decidan quién es responsable del crimen? A algunos les parece buena idea. Así fueron encarcelados decenas de tzotziles por la matanza de Acteal debido a que pertenecían a un grupo político distinto al de las víctimas. Años después la Suprema Corte reconocería su inocencia y los liberaría.

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