Estado

Autoridades podrían caer en desacato si no lo sueltan: abogado

Heriberto Barrientos Márquez
El Diario | Domingo 02 Septiembre 2018 | 00:00:00 hrs

Penal de Aquiles Serdán, donde permanece recluido el empresario desde el pasado 20 de diciembre
Chihuahua— El abogado postulante Héctor Villasana Ramírez señaló que de no cumplir las autoridades de Chihuahua con las resoluciones de los jueces y tribunales federales en torno a la liberación del procesado Alejandro Gutiérrez, podrían caer en desacato y fincárseles cargos penales.

Explicó que con la resolución del Tribunal Colegiado que obliga al juez de Control imponer una medida cautelar diversa a Gutiérrez Gutiérrez a la prisión, se le deberá aplicar alguna garantía económica, o incluso portar un brazalete como el también procesado Eduardo Esperón y/o acudir periódicamente a firmar ante la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales.

Dijo que dicha sentencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa, es irrecurrible, porque deriva de una resolución de amparo y no hay una instancia superior a quien comparecer, salvó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ya ha respaldado a sus tribunales y juzgadores en el tema.

En relación al sobreseimiento de la causa penal por el presunto desvío de 250 millones de pesos, es absolutoria, dijo Villasana y no puede ser impugnada por parte del gobierno estatal, porque no es parte del asunto, en todo caso los únicos legitimados para hacerlo es el Ministerio Público Federal y la defensa del procesado.

“Incluso los señalamientos que hace el consejero jurídico de que van a pedir amparo, es notoriamente improcedente porque ellos no son parte legítima, no son considerados como víctima porque la resolución no les causa perjuicio, lo que va pasar es que los van a desechar y declarar como improcedente”, agregó.

En la opinión del abogado, Alejandro Gutiérrez tendrá que ser liberado este próximo lunes, una vez que el juez de Control local celebre audiencia para imponer otra medida cautelar.

“Si el Estado se niega o impide la liberación puede cometer un delito, el de desacato por abuso de autoridad, incluso el director del penal, el fiscal de ejecución de penas y hasta el mismo fiscal general pueden hacerse acreedores a sanciones es un tema muy delicado porque está sentando precedentes en las otras causas penales por los maxijuicios”, concluyó. 

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