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Inician investigación penal contra expresidente de Ecuador

Associated Press | Miércoles 18 Abril 2018 | 18:46 hrs

Quito– La Fiscalía General de Ecuador abrió hoy una investigación penal al exmandatario Rafael Correa y otros diez funcionarios públicos por supuesto mal manejo en la contratación de deuda externa.

Esta es la primera vez que Correa es vinculado en una investigación penal.

La indagación tiene como base una auditoría dispuesta por la Contraloría General que determinó que el gobierno de Correa declaró secreta la documentación de la deuda, cambió el cálculo para fijar la relación deuda-producto interno a fin de ampliar el monto de contratación y una venta anticipada de petróleo que no consideró como créditos.

Poco después, el actual presidente Lenín Moreno dijo que pedirá investigar presuntos aportes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a las campañas de su antecesor.

En declaraciones exclusivas a la cadena NTN, Moreno afirmó que observó la evidencia en un video mostrado por un periodista y aclaró que de comprobar que la guerrilla aportó recursos a Correa, se manifestaría “una falta de ética, a la moral y un irrespeto a lo que debe ser la política”.

Agregó que se entregaría el video a las autoridades.

En su cuenta de Tiwtter, Correa respondió: “¿Se habrá enterado que también fue SU campaña? ¡Hasta para eso es inepto! Ya no engaña a nadie con sus cortinas de humo”.

Moreno fue vicepresidente de Correa entre 2007 y 2013, por lo que una eventual investigación también podría involucrarlo.

En tanto, la Fiscalía afirmó que “existirían irregularidades en el uso de la deuda pública interna y externa en el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central del Ecuador, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y otras instituciones relacionadas con la contratación y uso de los recursos públicos provenientes de la deuda interna y externa entre el 1 de enero de 2012 y el 24 de mayo de 2017”.

Aparte de Correa están bajo investigación tres exministros de Finanzas y siete altos funcionarios públicos que habrían incumplido con la ley para la contratación de la deuda.

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